Felipe González se entretuvo hace unos días en reclamar para
el monarca la presunción de inocencia. Lo hizo con la lengua de pana vieja que
tuvo en sus días promisorios. Aquella era una lengua de mucho peso como para
mantenerla en alto todo el tiempo que le duró el poder. O sea, que le ha
quedado una lengua de trapo y, a juzgar por las cosas que dice, de trapo de
afilador. Si lo que quería era defender el régimen monárquico se le pueden
prestar argumentos de mayor altura. Él sabe que la inviolabilidad
constitucional del rey en el fondo es estrictamente una presunción de culpabilidad.
O una cosa o la otra.
El artículo 56.3 de la Constitución dice: “La persona del
rey es inviolable…”, lo que quiere decir que el administrativo de hacienda, la
directora del banco, el barrendero, la desempleada, usted y yo, somos
violables. Nos pueden violar, una y otra vez, a todos porque para eso somos
iguales ante la ley y ante la violabilidad. Podemos traer doctrina y
jurisprudencia para marear la perdiz, pero la Constitución es lo que dice y no
podemos zafarnos del sentido propio que poseen las palabras. Sencillamente
estamos abocados a interpretar la norma de acuerdo con la imposición general
del artículo 3 del Código Civil. Y, aunque viniera bajando las escaleras con
una boa de plumas por único vestido, moviendo sus caderas, moviendo su cintura,
la persona del rey es inviolable, no hace falta que me lo digan, naturalmente. No
se puede estar más de acuerdo con esa norma. La persona del rey y cualquier
persona han de gozar de inviolabilidad, salvo que se opte voluntariamente por
un placer sádico. Ahí no me meto, allá cada cual.
Al margen del truculento jueguito que la palabra propicia,
la presunción de inocencia a la que apela Felipe González, que tan ampliamente
beneficiado ha salido de ella, no puede significar otra cosa que el
levantamiento de la inviolabilidad constitucional. Ya que el precepto jurídico
impide la irrupción del poder judicial para juzgar, al menos dejen que la
sanción moral o el juicio popular dictamine lo que le venga en gana a modo de
opinión inocua, porque, para colmo, tampoco puede traducir esa opinión en un
voto que ponga o quite rey. A Felipe González hay que recordarle algo que el
pueblo tiene meridianamente claro y es
que entre un inocente y un presunto inocente hay una distancia que, al recorrerse,
te deja el culo al aire. Y, claro, con el culo al aire, hay que prohibir
severamente la violación, no vaya a ser que en cabeza vacía se confundan las
cosas.
De modo que, con acierto, en lenguaje coloquial, cuando te
dicen “presunto” ya tienes las tres cuartas partes de la condena encima y más
de media chirigota compuesta para carnavales si se trata de un rey inviolable.
Pero es que, más allá de la hermenéutica jurídica del artículo 3.1 del Código
Civil en relación con el 56.1 de la Constitución, los legos en materia legal
están haciendo en sus opiniones profanas un ejercicio interpretativo muy técnico
sin saberlo. Prescindiendo de la polisemia del concepto de “inviolabilidad”, no
me digan que el contexto informativo de los últimos meses en contraste con el
contexto desinformativo de las últimas décadas, no hace encajar la opinión
pública en la sistemática jurídica de las leyes, en la sistemática de la
historia de la monarquía o de los Borbones o de España. No vayan a decir,
también, que la realidad social del momento en que han de aplicarse las normas no
estimula la sabiduría popular de entender anacrónica e impropia la figura de la
inviolabilidad en un sistema democrático o que pretende serlo. Y, en cuanto al
espíritu y finalidad de la irresponsabilidad penal del monarca, todos sabemos cuál
es, de ahí que la presunción sea inversa y, al mismo tiempo, sin consecuencia
jurídica. Felipe González está defendiendo lo contrario de lo que dice o tiene
muy mala leche.
