Convengamos en que una de las peores formas que adopta el
crimen es cuando se hace respaldar del ordenamiento jurídico. No cabe ninguna
duda de que se va a entender bien si se traen algunos ejemplos. La esclavitud
fue un asunto deleznable y repugnante, aun en el tiempo histórico en el que
estuvo vigente. El exterminio judío a manos del fascismo alemán contó con todas
las bendiciones legales del derecho positivo y sólo pudo condenarse recurriendo
al derecho natural (véanse los juicios de Núremberg). Entonces, como ahora,
todo comportamiento palmariamente injusto de las leyes en vigor, sobre todo,
cuando de esa injusticia se derivan auténticas situaciones de drama humano como
en la esclavitud, es un crimen. Y quienes lo sustentan con su posición
inmovilista o temerosa son criminales amparados por la legislación vigente. El
asunto hipotecario en este país exige implicaciones humanas de la sociedad
civil porque, tanto por la letra antediluviana de la propia Ley de principios de
siglo, como por las nefastas e interesadas manipulaciones en el sector
inmobiliario de los últimos años, el hipotecado es una víctima del sistema
urdido entre bancos, especuladores y las instituciones políticas. El tamaño de
la injusticia es tan grande y tan alto que ha conseguido poner de acuerdo a
jueces, magistrados, alcaldes, policías locales, cerrajeros, secretarios
judiciales, prensa nacional e internacional y muchos otros. Ellos se han puesto
de acuerdo en manifestarse públicamente contra los desahucios masivos y también
contra el concepto de “deuda eterna” de los desahuciados. La legislación
comparada tampoco aguanta un debate serio. En “petit comité” hay algunos
políticos indignos que se avienen a reconocer las tragedias que se están
derivando de una norma obsoleta y violenta, pero su escasa talla humana no les
deja hacer pública su opinión. A mi juicio están cometiendo un crimen con la
ley en la mano.
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